La Educación Pública está amenazada en Extremadura. El cúmulo de recortes y medidas sufridos en los dos últimos cursos, la supresión de los programas de refuerzos, por citar el último atentado a nuestro sistema educativo, no sólo pretende desmantelar el modelo de escuela pública, gratuita, equitativa, laica y educadora en los valores democráticos, sino que pone en peligro el derecho a la educación tal como hemos venido entendiendo en los últimos treinta y cinco años y que recoge nuestro ordenamiento jurídico.
El agresivo proceso contra la educación pública, el alumnado, las familias y los trabajadores de la educación no puede justificarse de ningún modo por razones de tipo económico, porque esta idea es contradictoria con la consideración de la educación como palanca de desarrollo económico, cultural, social y personal de la ciudadanía.
En lugar de aumentar los recursos invertidos en educación y de mejorar las estructuras existentes para avanzar en la lucha contra el fracaso escolar y el abandono prematuro, se ha optado por el método de dejar el sistema público como una tabla rasa donde pueda proliferar un modelo educativo, regresivo, privatizado y selectivo que prive a los colectivos sociales menos pudientes de un acceso igualitario al servicio público educativo concebido como satisfacción de un derecho básico y fundamental de la ciudadanía.
El proyecto de ley que Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación y Cultura, pretende implantar sería la culminación del proceso destructivo del modelo actual que no ha hecho sino progresar, con todos sus defectos, en nuestra etapa democrática.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supone un cambio de enorme envergadura para el que el ministerio no ha considerado ni en el proceso de elaboración ni en el contenido del mismo el protocolo que exige un proyecto de esta naturaleza.
No está precedida de un análisis pormenorizado y científico de la realidad educativa ni de España ni de las diferentes Comunidades Autónomas. Tampoco ha tenido en cuenta de manera seria y formal la opinión ni las propuestas de los diferentes sectores, instituciones y organizaciones sociales concernidas por los temas relacionados con la financiación, el diseño y los fines de un sistema educativo público.
Si nos atenemos al contenido del proyecto, desde el principio hasta el final, podemos observar cómo se pierde la concepción del derecho a la educación como servicio básico al ciudadano, garantizado en la Constitución, orientado a una educación integral de calidad, con equidad y que persigue la cohesión social y la integración de las personas con independencia de su situación económica, social o cultural. Por el contrario, se entiende la educación como un bien al servicio del sistema productivo y por ello, como mercancía de uso común en el mercado. Ampliando un peligroso camino a la privatización de la enseñanza en todas sus modalidades.
El modelo de evaluación, más que proceso con valor educativo y orientador, se entiende como una carrera de obstáculos. La repetición, las reválidas y las pruebas externas, menosprecian al profesorado, clasifican los centros y los alumnos. Su carácter es selectivo y segregador, con un peligro inminente que el aumento del fracaso escolar y el abandono educativo para sectores amplios de la población escolar.
Lejos de seguir las orientaciones europeas de potenciar en cantidad y calidad de la Formación Profesional, la implantación de modelos importados de países con un amplio y rico tejido industrial, del que carecemos en Extremadura, sin la menor discusión y por decreto, puede tener como consecuencias inmediatas la devaluación y la mercantilización de estas enseñanzas.
Con respecto a la autonomía de gestión y organización de los centros educativos no avanza por la adaptación de los mismos a su entorno social y a la realidad del alumnado y las familias. Por el contrario, potencia la competitividad y restringe la participación de la comunidad educativa en la gestión democrática. Los centros atenderán más a la realidad del mercado y a la selección del alumnado. La profesionalización de la función directiva, que no su preparación, nos retrotraerá a momentos vividos ya hace décadas y que conocemos por sus dudosísimos resultados.
Desatiende la educación en valores democráticos para toda la ciudadanía, retrocediendo en laicidad de la educación, con alternativa a la religión, en coeducación admitiendo la segregación por sexos. De hecho, la educación en valores cívicos lo considera alternativa a la elección voluntaria de la asignatura de religión.
A pesar de obviar el tratamiento al profesorado, cuando lo hace, se orienta a la desregulación de la actual situación de los cuerpos docentes, sin respetar los principios de atribución de funciones y adjudicación de destinos, permitiendo según decisiones administrativas todo tipo de atropellos de derechos adquiridos.
Consolida por último, la idea de que la crisis económica justifica cualquier medida de recortes aunque afecte a derechos laborales, ayudas para el acceso a la educación, supresión de servicios complementarios, supresión de enseñanzas y programas de refuerzos o la reducción arbitraria de recursos materiales y humanos.
Por todo ello, a pesar del esfuerzo realizado hasta ahora, nos atrevemos a invitar al profesorado, familias, alumnado y a la sociedad en su conjunto, a participar en la jornada de lucha del 12 de diciembre, en la que se realizarán concentraciones en los centros educativos y una concentración de protesta a las 18 horas, frente a la Delegación del Gobierno de Badajoz, en la Avenida de Huelva.
