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El Gobierno pacta con las autonomías la renuncia a implantar las reválidas

By 29 noviembre, 2016octubre 9th, 2017No Comments

Un decreto ley modificará en breve la Lomce y paralizará ‘sine die’ la puesta en marcha de sus pruebas de final de etapa Solo habrá evaluaciones de Primaria y de ESO sin valor académico en algunos colegios y el examen de Bachillerato será una mera prueba

Las reválidas de ESO y Bachillerato no se implantarán ni en este curso ni en los siguientes. El Gobierno, tras tres años de guerra educativa, ha cedido hoy oficialmente a las exigencias de la oposición, las comunidades autónomas y toda la comunidad escolar, que han protagonizado revueltas parlamentarias, recursos judiciales y hasta tres huelgas generales en las aulas en busca de la derogación de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que en 2013 el PP les impuso con su mayoría absoluta.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha pactado con su homólogos autonómicos, reunidos durante hora y media en la Conferencia Sectorial de Educación, el contenido de un decreto ley, que el Consejo de Ministros aprobará a principios de diciembre, que modificará el calendario de implantación de la Lomce y paralizará ‘sine die’ la puesta en marcha de las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato que la norma ordenaba crear este curso, y dejará como simples pruebas muestrales las que ya había en Primaria.Las reválidas de ESO y Bachillerato no se implantarán ni en este curso ni en los siguientes. El Gobierno, tras tres años de guerra educativa, ha cedido hoy oficialmente a las exigencias de la oposición, las comunidades autónomas y toda la comunidad escolar, que han protagonizado revueltas parlamentarias, recursos judiciales y hasta tres huelgas generales en las aulas en busca de la derogación de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que en 2013 el PP les impuso con su mayoría absoluta.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha pactado con su homólogos autonómicos, reunidos durante hora y media en la Conferencia Sectorial de Educación, el contenido de un decreto ley, que el Consejo de Ministros aprobará a principios de diciembre, que modificará el calendario de implantación de la Lomce y paralizará ‘sine die’ la puesta en marcha de las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato que la norma ordenaba crear este curso, y dejará como simples pruebas muestrales las que ya había en Primaria.Las reválidas de ESO y Bachillerato no se implantarán ni en este curso ni en los siguientes. El Gobierno, tras tres años de guerra educativa, ha cedido hoy oficialmente a las exigencias de la oposición, las comunidades autónomas y toda la comunidad escolar, que han protagonizado revueltas parlamentarias, recursos judiciales y hasta tres huelgas generales en las aulas en busca de la derogación de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que en 2013 el PP les impuso con su mayoría absoluta.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha pactado con su homólogos autonómicos, reunidos durante hora y media en la Conferencia Sectorial de Educación, el contenido de un decreto ley, que el Consejo de Ministros aprobará a principios de diciembre, que modificará el calendario de implantación de la Lomce y paralizará ‘sine die’ la puesta en marcha de las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato que la norma ordenaba crear este curso, y dejará como simples pruebas muestrales las que ya había en Primaria.Las reválidas de ESO y Bachillerato no se implantarán ni en este curso ni en los siguientes. El Gobierno, tras tres años de guerra educativa, ha cedido hoy oficialmente a las exigencias de la oposición, las comunidades autónomas y toda la comunidad escolar, que han protagonizado revueltas parlamentarias, recursos judiciales y hasta tres huelgas generales en las aulas en busca de la derogación de los puntos más polémicos de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que en 2013 el PP les impuso con su mayoría absoluta.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha pactado con su homólogos autonómicos, reunidos durante hora y media en la Conferencia Sectorial de Educación, el contenido de un decreto ley, que el Consejo de Ministros aprobará a principios de diciembre, que modificará el calendario de implantación de la Lomce y paralizará ‘sine die’ la puesta en marcha de las reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato que la norma ordenaba crear este curso, y dejará como simples pruebas muestrales las que ya había en Primaria.

Estas polémicas pruebas ya no verán la luz tal y como fueron diseñadas por el anterior inquilino de Educación, José Ignacio Wert, como unas reválidas de etapa sin cuya aprobación no se obtendrían los títulos al término de ambos ciclos educativos. El Gobierno, ahora en minoría parlamentaria, cede casi por completo, renuncia a su valor académico y a su implantación. Acepta que sean sustituidas en tercero y sexto de Primaria y en cuarto de la ESO por una mera evaluación diagnóstica y «muestral» del sistema, que solo tendrán que hacer un número reducido de los centros educativos en cada comunidad -sin reflejo alguno en el expediente de los alumnos-, y, en el último curso de Bachillerato, por una simple prueba de acceso a la Universidad, a la que solo concurrirán los alumnos de segundo que vayan a cursar un grado, y que tendrá un diseño y unas características prácticamente idénticos al de la PAU, a la que sustituye y a la que Wert aspiraba a modificar por completo. Así se quedarán hasta que se vea si es posible el pacto educativo y otra ley regule estas etapas y el resto del sistema educativo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que el viernes claudicó y se mostró dispuesto a «sustituir» la Lomce por otra ley educativa consensuada, como único camino de evitar que la oposición le imponga una reforma y de poder buscar el primer acuerdo de Estado educativo de la democracia, cumple ahora con la segunda exigencia que le impusieron tanto el PSOE como Ciudadanos para aprobar juntos este jueves la subcomisión parlamentaria que intentará el pacto. El PP, en la citada solicitud de subcomisión, se compromete a suspender el calendario de implantación de la Lomce «en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor -las reválidas- mientras se logra el pacto y entra en vigor la nueva ley de educación», que es justo lo que dispone el decreto ley pactado hoy con los consejeros.

El Gobierno se ha visto obligado en solo cuatro meses a pasar de intentar implantar una reválida sin cuya superación los aproximadamente 250.000 alumnos de segundo de Bachillerato no obtendrían el título ni llegarían a la Universidad a tener que ceder en casi todo, renunciar al diseño de la Lomce y recuperar la derogada PAU con un nuevo nombre.

La otra selectividad

La prueba final de segundo de Bachillerato, según el pacto de la Conferencia Sectorial, será, definitivamente, igual que la PAU, un simple examen de selectividad. Ni habrá por primera vez preguntas orales en el examen de lengua extranjera, ni preguntas tipo test en el resto de materias -ambos aspectos quedarán a elección de las comunidades autónomas, que no piensan utilizarlos-, ni más número de exámenes, ni asignaturas de primer curso, ni pruebas adicionales para poder entrar en cada universidad.

La prueba solo la tendrán que realizar los alumnos de segundo de Bachillerato que deseen ir a la Universidad y no afectará a la obtención del título del ciclo. Constará de seis exámenes (siete si es comunidad con lengua propia), las tres troncales generales de segundo -Historia, Lengua y Literatura y primer idioma extranjero-, la troncal de modalidad -Matemáticas, Latín o Arte-, y dos de las que hayan elegido como opción en su modalidad. Así, de las previsiones iniciales del ministerio se cae el examen de Filosofía -asignatura que la mayoría de autonomías solo imparte en primer curso- y el que iban a hacer los alumnos con una específica de su elección.

De los seis exámenes solo contarán para acceder a la Universidad las cuatro troncales generales. Se podrá estudiar un grado con un 4 en el conjunto de la prueba siempre que la media con el Bachillerato (que representa el 60% de la nota) sume 5. Las dos materias opcionales -como ocurría con los exámenes voluntarios en la PAU- solo servirán para subir nota, para tener mayores posibilidades de lograr plaza en la carrera elegida, pero no bajarán la general. Los cuatro primeros exámenes fijarán la nota en el tramo de 0 a 10 y los dos de opción en el 10 a 14.

De igual manera, se mantendrá el distrito único universitario nacional. Será la nota final de la prueba de Bachillerato la única que permita o no el acceso a cualquier estudio de cualquier autonomía. No habrá otros exámenes adicionales por parte de las universidades.

Los exámenes de acceso los confeccionarán y realizarán las universidades en coordinación con las comunidades autónomas a partir de las directrices de contenidos obligados y valoraciones marcadas por el Ministerio de Educación.

Carácter “muestral”

La prueba final de la ESO, por su parte, no solo carecerá de valor académico como la de Bachillerato sino que al final solo la tendrán que hacer una parte mínima de los casi 400.000 alumnos de cuarto.

Los exámenes pasarían a tener un carácter «muestral», solo se harían para evaluar el sistema educativo en el porcentaje de colegios que pacten Estado y comunidades, y de los siete exámenes que estaban previsto realizarse solo pervivirían los seis de las materias troncales de cuarto curso, pues se retiraría el de la asignatura específica. Las materias a evaluar son las cuatro troncales generales -Geografía e Historia, Lengua y Literatura castellanas, Matemáticas y primera lengua extranjera- y dos de las troncales de opción a elegir, distintas bien se curse el itinerario de enseñanzas aplicadas o académicas.

Lo mismo ocurrirá con las pruebas diagnósticas de tercero y sexto de Primaria, que hasta ahora eran evaluaciones externas obligatorias para todos los alumnos. Desde ahora, cada comunidad autónoma podrá elegir si la realiza como hasta ahora o solo como un simple control muestral en algunos institutos.

El decreto también contempla otra modificación de la Lomce exigida por el PSOE, que los alumnos de FP básica puedan titularse en ESO, siempre que sus profesores certifiquen que han alcanzado los objetivos y competencias de ese ciclo, sin tener que presentarse ni aprobar la reválida de Secundaria.Estas polémicas pruebas ya no verán la luz tal y como fueron diseñadas por el anterior inquilino de Educación, José Ignacio Wert, como unas reválidas de etapa sin cuya aprobación no se obtendrían los títulos al término de ambos ciclos educativos. El Gobierno, ahora en minoría parlamentaria, cede casi por completo, renuncia a su valor académico y a su implantación. Acepta que sean sustituidas en tercero y sexto de Primaria y en cuarto de la ESO por una mera evaluación diagnóstica y «muestral» del sistema, que solo tendrán que hacer un número reducido de los centros educativos en cada comunidad -sin reflejo alguno en el expediente de los alumnos-, y, en el último curso de Bachillerato, por una simple prueba de acceso a la Universidad, a la que solo concurrirán los alumnos de segundo que vayan a cursar un grado, y que tendrá un diseño y unas características prácticamente idénticos al de la PAU, a la que sustituye y a la que Wert aspiraba a modificar por completo. Así se quedarán hasta que se vea si es posible el pacto educativo y otra ley regule estas etapas y el resto del sistema educativo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que el viernes claudicó y se mostró dispuesto a «sustituir» la Lomce por otra ley educativa consensuada, como único camino de evitar que la oposición le imponga una reforma y de poder buscar el primer acuerdo de Estado educativo de la democracia, cumple ahora con la segunda exigencia que le impusieron tanto el PSOE como Ciudadanos para aprobar juntos este jueves la subcomisión parlamentaria que intentará el pacto. El PP, en la citada solicitud de subcomisión, se compromete a suspender el calendario de implantación de la Lomce «en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor -las reválidas- mientras se logra el pacto y entra en vigor la nueva ley de educación», que es justo lo que dispone el decreto ley pactado hoy con los consejeros.

El Gobierno se ha visto obligado en solo cuatro meses a pasar de intentar implantar una reválida sin cuya superación los aproximadamente 250.000 alumnos de segundo de Bachillerato no obtendrían el título ni llegarían a la Universidad a tener que ceder en casi todo, renunciar al diseño de la Lomce y recuperar la derogada PAU con un nuevo nombre.

La otra selectividad

La prueba final de segundo de Bachillerato, según el pacto de la Conferencia Sectorial, será, definitivamente, igual que la PAU, un simple examen de selectividad. Ni habrá por primera vez preguntas orales en el examen de lengua extranjera, ni preguntas tipo test en el resto de materias -ambos aspectos quedarán a elección de las comunidades autónomas, que no piensan utilizarlos-, ni más número de exámenes, ni asignaturas de primer curso, ni pruebas adicionales para poder entrar en cada universidad.

La prueba solo la tendrán que realizar los alumnos de segundo de Bachillerato que deseen ir a la Universidad y no afectará a la obtención del título del ciclo. Constará de seis exámenes (siete si es comunidad con lengua propia), las tres troncales generales de segundo -Historia, Lengua y Literatura y primer idioma extranjero-, la troncal de modalidad -Matemáticas, Latín o Arte-, y dos de las que hayan elegido como opción en su modalidad. Así, de las previsiones iniciales del ministerio se cae el examen de Filosofía -asignatura que la mayoría de autonomías solo imparte en primer curso- y el que iban a hacer los alumnos con una específica de su elección.

De los seis exámenes solo contarán para acceder a la Universidad las cuatro troncales generales. Se podrá estudiar un grado con un 4 en el conjunto de la prueba siempre que la media con el Bachillerato (que representa el 60% de la nota) sume 5. Las dos materias opcionales -como ocurría con los exámenes voluntarios en la PAU- solo servirán para subir nota, para tener mayores posibilidades de lograr plaza en la carrera elegida, pero no bajarán la general. Los cuatro primeros exámenes fijarán la nota en el tramo de 0 a 10 y los dos de opción en el 10 a 14.

De igual manera, se mantendrá el distrito único universitario nacional. Será la nota final de la prueba de Bachillerato la única que permita o no el acceso a cualquier estudio de cualquier autonomía. No habrá otros exámenes adicionales por parte de las universidades.

Los exámenes de acceso los confeccionarán y realizarán las universidades en coordinación con las comunidades autónomas a partir de las directrices de contenidos obligados y valoraciones marcadas por el Ministerio de Educación.

Carácter “muestral”

La prueba final de la ESO, por su parte, no solo carecerá de valor académico como la de Bachillerato sino que al final solo la tendrán que hacer una parte mínima de los casi 400.000 alumnos de cuarto.

Los exámenes pasarían a tener un carácter «muestral», solo se harían para evaluar el sistema educativo en el porcentaje de colegios que pacten Estado y comunidades, y de los siete exámenes que estaban previsto realizarse solo pervivirían los seis de las materias troncales de cuarto curso, pues se retiraría el de la asignatura específica. Las materias a evaluar son las cuatro troncales generales -Geografía e Historia, Lengua y Literatura castellanas, Matemáticas y primera lengua extranjera- y dos de las troncales de opción a elegir, distintas bien se curse el itinerario de enseñanzas aplicadas o académicas.

Lo mismo ocurrirá con las pruebas diagnósticas de tercero y sexto de Primaria, que hasta ahora eran evaluaciones externas obligatorias para todos los alumnos. Desde ahora, cada comunidad autónoma podrá elegir si la realiza como hasta ahora o solo como un simple control muestral en algunos institutos.

El decreto también contempla otra modificación de la Lomce exigida por el PSOE, que los alumnos de FP básica puedan titularse en ESO, siempre que sus profesores certifiquen que han alcanzado los objetivos y competencias de ese ciclo, sin tener que presentarse ni aprobar la reválida de Secundaria.

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