La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de Centros Públicos (FREAPA-CP) hemos analizado en unas jornadas de trabajo en Brozas, el borrador de anteproyecto de la futura Ley Educativa para Extremadura, elaborado por la Consejería de Educación.
De entrada, creemos que es un buen documento de partida para la elaboración del proyecto de Ley, pues propone soluciones a problemas tan concretos como el fracaso escolar, el abandono temprano de la escolaridad, la mejora de la convivencia escolar o la atención a la diversidad.
No es exactamente el documento que los padres habríamos redactado, aunque nos vemos reflejados en bastantes de sus apartados.
Creemos que en gran medida se trata de un texto redactado para el consenso político, por lo cual no creemos que pueda haber excusas, para que al final la Ley no sea aprobada por unanimidad en la Asamblea de Extremadura de Extremadura.
No obstante, antes de la entrada del proyecto de Ley en la Asamblea, desde FREAPA-CP pedimos a la Consejería de educación que recoja algunos aspectos que creemos muy importantes desde nuestro punto de vista:
La Ley debe quedar claramente diferenciadas las dos redes existentes: por una lado una escuela pública cuyo titular es la Consejería de Educación, que garantiza la universalidad de la educación y la igualdad de oportunidades, y por otro una red privada cuyo titular es una persona o entidad de carácter privado, con la cual se conciertan voluntariamente ciertas enseñanzas. El término “centros sostenidos con fondos públicos” es inexacto y se presta a confusión, por lo cual debe desaparecer del texto.
La Ley debe garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, como un derecho recogido en la Constitución, independientemente de los umbrales de renta, los cuales sí deben tenerse en cuenta para las ayudas y becas al estudio de enseñanzas NO obligatorias.
Debe recogerse la firme voluntad de potenciar un modelo de escuela pública que sea “laica, integradora, inclusiva, democrática, crítica, coeducativa y participativa”.
Creemos absolutamente innecesario y desproporcionado recoger la consideración de autoridad pública para los directores de los centros educativos, como si se tratase de agentes de orden público. Los centros no se pueden dirigir con el código penal en la mano, hay que dirigirlos con la autoridad que da la formación y la preparación, así como el liderazgo pedagógico y personal.
Mérida, 22 de abril de 2010.
FREAPA-CP.
