Los interinos con menos de cinco meses y medio trabajados durante el curso se quedarán, casi con toda seguridad, sin las retribuciones de los meses de verano que hasta ahora cobran, algo que, según ha podido saber este periódico, supondría un ahorro de 5 millones de euros a la Junta. Además, el aumento de horas lectivas se va a circunscribir exclusivamente a los profesores de Secundaria. Son las únicas dos medidas, ambas de segundo nivel, que hasta el momento ha puesto sobre la mesa la consejera de Educación, Trinidad Nogales.
Durante la reunión que mantuvo ayer con los sindicatos para explicarles las propuestas avanzadas el lunes por el ministro José Ignacio Wert y que todavía hay que concretar con exactitud su relevancia en Extremadura, ya que no se aplicarán de igual manera en toda España. Esas propuestas pasan por aumentar la ratio de alumnos en las aulas, incrementar la jornada lectiva de los docentes y no cubrir las bajas inferiores a dos semanas, entre otras.
Nogales no concretó ayer los grandes recortes que hay que hacer en la educación. Insiste en que aún no se puede hablar de cifras de ahorro en la región ni tampoco de la merma de docentes por esos recortes (los sindicatos hablan de al menos un millar de puestos de trabajo perdidos) ya que hay que esperar a la publicación del decreto, señaló tras la cita de ayer. Esa poca claridad es la que denuncian los responsables sindicales en materia educativa, que salieron de la reunión sin nada que no conocieran al entrar, salvo la «mala noticia» de ese plus que perderán los interinos afectados y que solo aumentará la jornada lectiva para los decentes de Secundaria. Todos rechazan de plano las propuestas de Wert por el detrimento del sistema educativo que, a su juicio, van a suponer; e incluso UGT habla de que si no se retiran llamará a la movilización de la comunidad educativa, y AMPE pide que antes de que se apruebe el decreto se abra una mesa de negociación en Extremadura para estudiar la situación de cada centro.
Nogales insistió en que no se puede hablar de cifras ni de recortes de personal ni de ahorro para la Junta hasta no conocer al detalle el decreto. «Son medidas que no afectan a la calidad de la enseñanza y son flexibles, dan un margen a cada comunidad para aplicarlas en cada caso particular», destacó. A este respecto, señaló que «la aplicación de las ratios en las zonas rurales va a ser distinta a la de otras comunidades», por la ideosincrasia de Extremadura. «Hacer cábalas me parece arriesgado, la ratio aumenta, pero analizaremos los casos, porque, por ejemplo, hay cuarenta centros rurales agrupados y muchos de ellos no alcanzan la ratio mínima», indicó. Por ello, no es posible aplicar un patrón estandar, recalcó; de ahí que haya posibilidad de adaptar las medidas a las circunstancias particulares de la comunidad.
La consejera aseguró por la mañana que los profesores «tienen garantizado su trabajo», porque son funcionarios, pero que «hay que ajustar las plantillas a las necesidades», sobre todo en la situación de los interinos, porque «no sabemos hasta que punto van a repercutir las sustituciones o los interinos, pero nuestro deseo es seguir trabajando en pro de esa calidad de la enseñanza», argumentó por la tarde.
Esas pocas noticias por parte de la consejera decepcionó a los sindicatos. Manuel Pascual, del sector de enseñanza de CSIF se mostró preocupado porque «ni ellos mismos –la consejería– conoce el alcance exacto de las medidas avanzadas por el ministro», y señaló que «tampoco le garantizan» esas retribuciones de verano a los interinos que hallan cubierto una vacante durante el curso completo. En la región, comentó, hay 1.500 interinos, pero los sindicatos desconocen cuántos de ellos hacen el curso completo y cuantos solo cinco meses y medio.
En ese mismo sentido se expresó Antonio Vera, presidente de AMPE, que ha pedido que antes de que se apruebe el decreto se abra una mesa de negociación en Extremadura para estudiar la situación de cada centro educativo. «Nos vamos un poco decepcionados», comentó a la salida de la reunión, por esa falta de concreción de la consejería.
Más contundente es Miguel Salazar, responsable de educación de UGT, que habla incluso de plantear movilizaciones si esas propuestas del ministerio no se retiran, porque «suponen un recorte del profesorado y de la calidad del sistema educativo», además de un problema para el desarrollo de la Ley de Educación de Extremadura.
Su colega de CCOO, Tomás Chaves, insiste en que se van a ver perjudicados en torno a un millar de docentes, y esos recortes van a suponer «un terremoto en el sistema educativo», por lo que pide a la consejera que «no insista en hacer ver como que las medidas serán suaves, cuando van a ser duras».
El único sindicato que ha puesto sobre la mesa de dónde sacar dinero para no tocar la calidad del sistema es PIDE, que presentó ayer en Presidencia un escrito en el que muestra su contrariedad por las medidas y da cuenta de partidas educativas de donde poder recortar sin necesidad de recortar personal, y aumentar la ratio de alumnos o las horas lectivas de los docentes. Así, cifra el ahorro en casi 53 millones, sobre todo suprimiendo los casi 50 millones destinados a conciertos educativos; así como la partidas que presta para las asociaciones Freapa y Concapa (casi 14.000 euros) o las que destina a la investigación (367.000 euros).
Al margen de las valoraciones sindicales tras la reunión con la consejera, las reacciones políticas no se han hecho esperar y desde el PSOE se considera «un hachazo» a la calidad del sistema educativo extremeño; mientras que IU critica las medidas porque asegura que tendrán un ahorro mínimo frente a un daño mucho mayor, y apunta recortar de otros sitios; incluso «dar un mordisco» a las retribuciones de los diputados, según señaló ayer su portavoz, Pedro Escobar.
Además, la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa-CP) espera que la consejería le tenga en cuenta a la hora de abordar estas medidas dada la dimensión de las mismas.